La materia tributaria es la rama del Derecho Administrativo donde existe mayor demanda de soluciones por parte de las empresas. Por eso, el abogado fiscalista debe ser especialista en juicios contenciosos administrativos. Este tipo de juicio no sólo se utiliza para resolver los conflictos relacionados con auditorías, devoluciones de impuestos u operaciones de comercio exterior; también es el indicado para enfrentar los actos de casi todas las autoridades que tienen facultades para inspeccionar, imponer multas o liquidar adeudos.
En términos generales, el abogado fiscalista es el indicado para atender los casos en que cualquier autoridad (federal, estatal o municipal) exija el pago de alguna cantidad de dinero; o bien, se proponga inspeccionar, auditar, revisar, multar, clausurar, inhabilitar o sancionar de cualquier otra manera a un particular, como lo es una empresa. También presta servicios de asesoría, consultoría y estrategia sobre el cumplimiento de leyes administrativas, relacionadas con las obligaciones que la empresa debe cubrir habitualmente ante las autoridades (STPS, PROFECO, IMPI, SEMARNAT, CONAGUA, CNBV, entre muchas otras).

Tanto la materia administrativa como la tributaria son muy amplias. Es común que existan dudas sobre el tipo de profesionista adecuado para atender cada problema (abogado fiscalista, abogado corporativo, contador, agente aduanal, etcétera).
Por ese motivo, brindamos una primera orientación gratuita y sin compromisos. Puede contactarnos para una consulta.

La cotización de nuestros servicios es personalizada y siempre se basa en un análisis preliminar del caso. Aunque en ocasiones las autoridades emiten oficios en masa, varían las situaciones de cada empresa, las circunstancias de tiempo y urgencia, la vigencia de las normas, los precedentes judiciales, entre otros aspectos.
Para analizar su caso particular, puede solicitar una consulta. No tiene costo y es flexible, ya que se puede agendar como videollamada. La prioridad es conocer su problema para poder resolverlo.

Las auditorías e inspecciones realizadas por cualquier autoridad, incluyendo las revisiones electrónicas, requieren la atención de un abogado fiscalista para mantener las mejores posibilidades de éxito. En la atención de estos procedimientos participan las áreas contables, de recursos humanos, de comercio exterior; pero es un hecho que, si las autoridades no quedan satisfechas con el cumplimiento por parte de la empresa, será necesaria su defensa jurídica.
En este último escenario, la manera en que se haya atendido y manejado el procedimiento, desde que inició, determinará las probabilidades de éxito en el juicio. Es común que la defensa fiscal se complique por el hecho de haber entregado o dejado de entregar determinados documentos durante la revisión. Los mejores resultados se obtienen cuando el abogado fiscalista tiene la posibilidad de diagnosticar las áreas de riesgo y coordinarse con el personal de la empresa para la atención de la revisión en curso.
Por ello, ofrecemos asesoría para gestionar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, en todas sus etapas; así como consultoría preventiva sobre materialidad y documentación de operaciones con proveedores y clientes. Si lo desea, puede consultar el resto de nuestros servicios.

En la gran mayoría de los casos, sí. El pago se entiende realizado para evitar embargos u otras consecuencias desfavorables, no por conformidad con el adeudo. Lo anterior también aplica en el caso de que alguna autoridad haya retirado fondos de su cuenta bancaria para cobrar forzosamente multas u otros adeudos fiscales.
En este sentido, el pago no representa ningún obstáculo para la defensa. En cambio, el paso del tiempo sí puede representar un problema, ya que existen plazos definidos para presentar una demanda o recurso, a partir de que se tiene conocimiento del adeudo.
En estos casos, una vez obtenida la sentencia definitiva favorable, la empresa obtendrá la devolución de lo pagado, actualizada y con intereses a la tasa del 17.64% anual (superior a la mayoría de las inversiones comerciales).
Si tiene dudas sobre la posibilidad de defenderse frente a adeudos ya pagados, con gusto podemos agendar una consulta gratuita.

En la mayoría de los casos no es así, porque no suele tratarse de una verdadera solución. Más allá de las responsabilidades administrativas o penales en que se puede incurrir cuando se influye indebidamente en la resolución de la autoridad, el problema fundamental es con qué garantía cuenta la empresa de que se respetará el acuerdo alcanzado.
Es importante tomar en cuenta que las autoridades pueden promover juicios de lesividad, cuando encuentren que alguna de sus propias resoluciones favoreció injustificadamente a una empresa. El plazo para interponer este juicio y revertir las resoluciones previamente notificadas es de cinco años. Durante este lapso, normalmente cambiarán funcionarios clave en el seno de las dependencias. En este caso, si los nuevos funcionarios revisan las resoluciones de sus predecesores y encuentran que beneficiaron a alguna empresa, ésta no tendrá elementos objetivos para defenderse y evitar que se restablezcan las consecuencias previamente evitadas, con actualización y recargos adicionales.
Así pues, todo acuerdo con las autoridades sobre la situación administrativa o fiscal de la empresa debe plasmarse en un soporte formal, fundado y motivado para que se convierta en verdad legal. El abogado fiscalista es el intermediario idóneo para dialogar, negociar y convenir con las autoridades dentro del marco legal, para obtener sentencias, resoluciones o acuerdos conclusivos que no puedan revertirse.
Entre otros servicios, atendemos negociaciones de acuerdos conclusivos con las autoridades fiscales, de seguridad social y aduaneras, bajo la mediación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Si enfrenta una controversia con cualquier autoridad, puede consultar el resto de nuestros servicios o consultarnos gratuitamente.

Cada caso es distinto. En ocasiones es necesario promover distintos recursos que inciden en la duración total del proceso. También cabe la posibilidad de que las autoridades demandadas promuevan recursos.
Sin perder de vista lo anterior, lo habitual es que la mayoría de los casos se ventilen en juicios sumarios cuya duración real aproximada es entre cinco y ocho meses; mientras que los asuntos de mayor cuantía se resuelven en juicios ordinarios, con una duración promedio de 18 meses. Tome en cuenta que la ejecución de la sentencia (por ejemplo, devolución de saldos a favor o de bienes embargados) puede llevar tiempo adicional.

Un valor fundamental de la firma Vázquez Cárdenas es considerar al cliente parte de nuestros procesos. Por eso lo mantendremos informado del estado de su asunto, con reportes mensuales en lenguaje claro, haya o no nuevos eventos dentro del juicio.
Asimismo, nuestra prioridad es que el cliente siempre pueda comunicarse con el abogado que realmente trabaja en su caso, sin intermediarios.
Para conocer más sobre nuestra filosofía de trabajo, puede consultar la descripción de nuestra firma.

En cada caso serán necesarias distintas formalidades y documentos. Sin embargo, generalmente se puede agilizar el comienzo de la defensa teniendo preparados de antemano todos los documentos originales relacionados con su problema; incluyendo los que su empresa presentó ante las autoridades involucradas. Localice todos los antecedentes que puedan ser relevantes según el caso, incluso si no está seguro de su importancia. En todos los casos firmamos acuerdos de confidencialidad para garantizar el manejo adecuado de su información.
También es conveniente anticipar la necesidad de contar con al menos una copia certificada de los documentos (acta constitutiva o poder, generalmente) que acreditan la personalidad de quien represente a la empresa.
No está de más que tome en cuenta que en muchos casos es necesario ofrecer alguna forma de garantía que cubra el importe que las autoridades pretendan exigirle. Lo más común es que se trate de bienes -muebles o inmuebles- que puedan permanecer como garantía mientras dure el juicio. La necesidad de garantía y sus requisitos se explican a detalle durante cada consulta. Basta con estar al tanto de que es un requisito común en los juicios administrativos y fiscales.

Por regla general, además de la presentación de una demanda o recurso, la protección patrimonial ante los créditos fiscales requiere ofrecer una garantía que cubra el monto de los créditos en cuestión y sus accesorios. Los tipos más comunes de garantía son las fianzas, bienes muebles o inmuebles para permanecer embargados mientras dure el juicio, o el aval (deudor solidario).
La necesidad, valor, tipo y requisitos de la garantía se detallan en cada caso durante la consulta. El costo que conlleva obtener la garantía suele ser bajo en comparación con el importe total del adeudo.
Los honorarios que recibe nuestra firma por el servicio de defensa incluyen todas las gestiones y trámites necesarios para suspender el cobro de los créditos fiscales y, así, asegurar que la empresa no sea molestada por la autoridad mientras dure el juicio; siempre y cuando el cliente nos proporcione la garantía requerida.
Cabe señalar que, en ciertos casos, una estrategia de defensa adecuada evita la necesidad de ofrecer garantías, generando un ahorro adicional para el cliente, en tiempo y recursos. Puede consultar algunos de nuestros casos de éxito donde se obtuvieron resoluciones favorables sin necesidad de ofrecer ninguna garantía.

En los servicios de defensa fiscal, cuando se prestan seriamente, es imposible asegurar totalmente un resultado. Es así, porque son procesos donde intervienen factores humanos, particularmente los jueces o magistrados.
Por ende, la mejor garantía para la empresa radica en la especialización, experiencia, seriedad, transparencia y honestidad que su abogado le transmita con hechos, desde el primer contacto.
En el plano objetivo, nuestra confianza para llevar a buen término su caso descansa en más de doce años de experiencia de nuestro Director, íntegramente en la materia administrativa y fiscal; su papel como catedrático en universidades reconocidas; estudios de posgrado con cédula profesional; más de cien juicios de alto valor concluidos y un alto porcentaje (98%) de resultados favorables.
Por lo general, al menos el 50% de los honorarios que cotiza nuestra firma se cobran únicamente cuando se entregan los resultados definitivos que busca el cliente. El resto de los honorarios representan una inversión razonable por agotar las posibilidades de defensa ante un problema grave.
Si le interesa el análisis o cotización de su caso, puede solicitar una consulta gratuita.

El abogado indicado para manejar su caso es aquel con quien pueda establecer una relación de confianza. Puede elegir entre diversos especialistas en la región.
Dese luego, existen ciertos aspectos que debilitan la relación de confianza. Uno de ellos es que el abogado se ostente como fiscalista o especialista en fiscal, pero no cuente con estudios de posgrado en esa materia. Otra cuestión relevante es que no cuente con cédula profesional como Especialista, Maestro o Doctor –la cual legalmente debería tener si se ostenta como tal-, lo cual puede corroborar con una simple consulta en la página https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
Por otra parte, existen datos que reflejan si el abogado está inmerso, actualizado y comprometido con el área donde dice ser especialista; por ejemplo, si tiene participación en otras actividades del medio, como catedrático, realizando publicaciones, etcétera.
Finalmente, es importante aclarar si el abogado que oferta los servicios participará significativamente en el trabajo de su caso; o bien, si lo delegará o subcontratará. Por lo general, cuando el abogado en quien Ud. deposita su confianza efectivamente participa en su caso, puede ofrecerle información clara, directa y periódica, sin triangulación.
Nuestro compromiso es que el cliente siempre pueda comunicarse con el abogado que realmente trabaja en su caso. Para conocer más sobre nuestra filosofía de trabajo, puede consultar la descripción de nuestra firma.

El valor que generamos para nuestros clientes descansa sobre tres pilares:
1. Especialización absoluta: La totalidad de nuestra experiencia, estudio y actualización se centra en una sola materia, para responder a los problemas más delicados que afectan a las empresas.
2. Transparencia: El cliente es parte de nuestros procesos exitosos, por eso lo mantenemos informado del estado de su asunto, con reportes concisos y en lenguaje claro. Nuestra prioridad es que el cliente siempre pueda comunicarse con el abogado que realmente trabaja en su caso, sin intermediarios.
3. Resultados: A nivel nacional, el promedio de juicios donde se obtienen resultados favorables contra el SAT apenas llega al 50%. Nuestra experiencia arroja resultados favorables en el 98% de los casos, con rangos similares en juicios contra todas las demás autoridades. La clave para conseguirlo es diseñar una estrategia específica para cada asunto.
Para recibir atención personalizada sobre su caso, consulte la descripción detallada de nuestra firma, o bien, solicite una consulta gratuita.