El Instituto Mexicano del Seguro Social brindó atención médica a un trabajador con puesto de chofer, quien afirmó haber sido asaltado y lesionado por desconocidos mientras esperaba para realizar una entrega de mercancía como parte de su trabajo.
Tras dar de alta al trabajador y declarar su incapacidad permanente parcial, la autoridad determinó que el salario real de aquel era superior al declarado por su patrón. Por consiguiente, la autoridad fincó a la empresa dos capitales constitutivos, por la diferencia en el salario conforme al cual se pagaron los subsidios mientras el trabajador tuvo incapacidad temporal, así como en el cálculo de la pensión por incapacidad permanente.
En el juicio contencioso administrativo, se argumentó y probó que el trabajador sufrió sus lesiones fuera de su horario de labores y sin vinculación con éstas; aunado a que la calificación del siniestro como riesgo de trabajo se sustentó en un aviso de atención médica inicial (formato ST-7) sin la debida fundamentación ni motivación. Este último aspecto resultó suficiente para que el Tribunal declarara la nulidad definitiva de los capitales constitutivos; puesto que no existía un acto válido que justificara el carácter profesional del accidente.
