Como resultado de visitas domiciliarias ordenadas en contra de los organismos encargados del suministro de agua potable en dos municipios de la misma entidad, el IMSS liquidó a cargo de cada organismo diversos créditos fiscales, por concepto de diferencias en el seguro de riesgos de trabajo, resultantes de la reclasificación de ambos organismos. Esencialmente, la autoridad se apoyó en la observación de que el personal de cada organismo utilizaba maquinaria y realizaba actividades análogas a las de construcción de obras de infraestructura; puesto que habitualmente rompían pavimento, excavaban para reparar tuberías, etcétera. Por lo cual, resolvió que los organismos deberían haber pagado las cuotas del seguro de riesgos de trabajo conforma a la prima media contemplada para una clase más riesgosa, con efectos retroactivos en los cinco años anteriores al inicio de cada visita.
En los juicios contenciosos administrativos, se argumentó y se probó documentalmente que la actividad desarrollada por los organismos operadores correspondía a una fracción específica del catálogo de actividades, consistente en el suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; de tal suerte que la utilización de maquinaria en forma accesoria no justificaba aplicar una fracción distinta.
Por su parte, el tribunal concedió la razón a los organismos y declaró la nulidad lisa y llana de la resolución, por estimar que la verdadera actividad de aquellos no era la de construcción, mucho menos la edificación de obra pública. Así, los organismos quedaron definitivamente liberados de ubicarse en la clase que pretendía el IMSS en el futuro, al igual que por los cinco años previos.
