La autoridad ambiental notificó una orden de inspección a un empresario titular de una autorización para aprovechamiento de recursos forestales maderables en un predio de su propiedad. En el momento, los inspectores levantaron un acta en la cual asentaron irregularidades en la documentación del control de desperdicios (picado de puntas y ramas).
Tras la inspección, se notificó al empresario un emplazamiento a un procedimiento sancionador, concediéndole un plazo de quince días para hacer las manifestaciones y ofrecer las pruebas que desvirtuaran los hechos asentados en el acta de inspección, además de ordenarse la realización de diversas medidas correctivas. El empresario hizo uso de ese derecho y ofreció pruebas de que utilizó las puntas y ramas para propiciar el hábitat y refugio de la fauna silvestre, así como para realizar obras de conservación de suelos. No obstante, la autoridad determinó imponerle una multa y ordenarle diversas medidas correctivas.
En el juicio contencioso administrativo se demostró que el procedimiento desplegado por la autoridad fue ilegal, toda vez que excedió el plazo máximo permitido en las leyes administrativas. Lo anterior porque la autoridad, si bien emitió su resolución definitiva dentro del plazo legal, demoró en notificarla al destinatario. El Tribunal determinó que operó la caducidad del procedimiento que generó la sanción y declaró la nulidad lisa y llana de ésta.
