El contribuyente recibió de uno de sus proveedores la noticia de que el banco rechazó el pago de un cheque con cargo a la cuenta de aquel. Al acudir el contribuyente al banco, únicamente le informaron que la causa de rechazo estaba registraba como “cuenta asegurada”, pero se negaron a informarle por qué autoridad. Tras realizar una solicitud formal al departamento jurídico del banco, éste expidió una copia de la orden de inmovilización emitida por el INFONAVIT, en la cual se leía la instrucción expresa de no dar aviso al contribuyente.
En el juicio de amparo indirecto contra la inmovilización se obtuvo la suspensión provisional para la liberación de las cuentas, a los tres días de haberse presentado la demanda. Inicialmente, el juez fijó una garantía para mantener la liberación, en vista de que el INFONAVIT manifestó que el contribuyente adeudaba ciertos créditos y adjuntó las resoluciones que los contenían. Sin embargo, se comprobó ante el juez que por dichos créditos el INFONAVIT ya había practicado un embargo sobre la negociación del contribuyente, de tal suerte que ya había una garantía de pago de los créditos. Por ello, el juez ordenó mantener liberadas las cuentas mientras duró el trámite del juicio.
Finalmente, en la segunda instancia del juicio de amparo el Tribunal resolvió en definitiva que la inmovilización de las cuentas fue inconstitucional porque al embargarse una negociación debe entrar en funciones un interventor, cuyo objetivo debe ser procurar la rentabilidad del negocio y no su paralización, por lo cual no debió inmovilizar las cuentas bancarias.
