La empresa participó en un procedimiento de contratación para suministrar automóviles a una institución gubernamental en el ramo de salud pública. Durante el mismo, presentó una importante cantidad de información, incluyendo la relacionada con sus socios y administradores.
Por su parte, la autoridad administrativa emplazó a la empresa a un procedimiento sancionador, imputándole a ésta haber presentado información falsa dentro del procedimiento de contratación. Particularmente, la falsedad consistió en no haber declarado expresamente que la empresa tenía dos socios en común con otra sociedad que participó en el mismo procedimiento. Como consecuencia, se impuso una multa a la empresa y, además, se le inhabilitó por un plazo de seis meses para participar de manera directa o indirecta en procedimientos de contratación con el gobierno.
Durante el juicio contencioso administrativo, se argumentó, entre otras cuestiones, que la empresa actuó con rectitud durante el procedimiento de licitación; pues anexó a su solicitud una relación socios veraz, entre otra información de la cual la autoridad podía desprender si se verificaban o no supuestos de impedimento previstos en la ley de la materia.
Finalmente, el tribunal resolvió anular la multa y dejar sin efectos la inhabilitación, toda vez que la autoridad impuso las sanciones sin sujetarse a las reglas previstas en la ley.
